Instrumento de Soporte Técnico (TSI)

a)

la gestión de las finanzas y los activos públicos, el proceso presupuestario, incluida la presupuestación ecológica y con perspectiva de género, el marco macropresupuestario, la gestión de la deuda y del efectivo, la política de gasto y la política tributaria, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la administración tributaria y la unión aduanera, así como la lucha contra la planificación fiscal abusiva, el fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal;

b)

la reforma institucional y un funcionamiento eficaz y orientado al servicio de la Administración Pública y la administración digital, una simplificación de las normas y los procedimientos, trabajos de auditoría, el refuerzo de la capacidad para absorber los fondos de la Unión, el fomento de la cooperación administrativa, un Estado de Derecho efectivo, la reforma de los sistemas judiciales, el desarrollo de capacidades de las autoridades antimonopolio y de defensa de la competencia, el fortalecimiento de la supervisión financiera y el refuerzo de la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales;

c)

el entorno empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia, los empresarios y las empresas de economía social, la reindustrialización y la reubicación de la producción en la Unión, el desarrollo del sector privado, los mercados de productos y servicios, la inversión pública y privada, también en infraestructuras físicas y virtuales, los promotores y viveros de proyectos, la participación pública en las empresas, los procesos de privatización, el comercio y la inversión extranjera directa, la competencia, la contratación pública eficiente y transparente, el desarrollo sectorial sostenible y el apoyo a la investigación, la innovación y la digitalización;

d)

la educación, el aprendizaje permanente y la formación, la educación y formación profesional, las políticas de juventud, las políticas del mercado de trabajo, incluido el diálogo social, para la creación de empleo, el aumento de la participación en el mercado laboral de los grupos infrarrepresentados, la mejora y readaptación de las capacidades, en particular de las digitales, la alfabetización mediática, la ciudadanía activa, el envejecimiento activo, la igualdad de género, la protección civil, las políticas de fronteras y migración, el fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y la desigualdad de ingresos y contra todas las formas de discriminación;

e)

una atención sanitaria pública y unos sistemas de seguridad social, atención, protección social y atención a la infancia accesibles, asequibles y resilientes;

f)

las políticas para la mitigación del cambio climático, la transición ecológica justa y la transición digital, las soluciones de administración digital, la contratación pública electrónica, la conectividad, el acceso a los datos y la gobernanza, las soluciones en materia de protección de datos, el aprendizaje en línea, el uso de soluciones basadas en la inteligencia artificial, el pilar medioambiental del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la acción por el clima, el transporte y la movilidad, el fomento de la economía circular, la eficiencia energética y de recursos y las fuentes de energía renovables, la consecución de la diversificación energética, la lucha contra la pobreza energética y la garantía de seguridad energética, y para el sector agrario, la protección del suelo y la biodiversidad, la pesca y el desarrollo sostenible de las zonas rurales, alejadas e insulares;

g)

las políticas y la regulación del sector financiero, incluidas la alfabetización financiera, la estabilidad financiera, el acceso a la financiación y el crédito a la economía real, en particular para las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia y los empresarios;

h)

la producción, suministro y control de calidad de datos y estadísticas;

i)

la preparación para la incorporación a la zona del euro; y

j)

la detección temprana y la respuesta coordinada en caso de riesgos sustanciales para la salud pública o la seguridad pública, así como garantía de continuidad de las actividades y los servicios en instituciones y sectores públicos y privados esenciales.