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Participación de Castilla y León en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo (PE) es elegido por los ciudadanos de la Unión Europea para representar sus intereses. Sus orígenes se remontan a los años 50 y a los tratados constitutivos, y desde 1979 sus miembros son elegidos directamente por los ciudadanos a los que representan.

Las elecciones tienen lugar cada cinco años, y todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a votar y a presentar su candidatura, independientemente del lugar de la UE en el que vivan. Las últimas elecciones se celebrarón en mayo de 2019.  De esta manera, el Parlamento expresa la voluntad democrática de los más de 500 millones de ciudadanos de la Unión y representa sus intereses en los debates con las demás instituciones de la UE.

El Parlamento Europeo cuenta con 751 diputados distribuidos proporcionalmente entre los diferentes estados de la UE.

Los miembros del Parlamento Europeo (diputados) no se sientan en bloques nacionales, sino en siete grupos políticos europeos. Entre ellos, representan todos los puntos de vista sobre la integración europea, desde los más federalistas hasta los abiertamente euroescépticos.

El Presidente es elegido por la mayoría absoluta del Parlamento, entre sus miembros, y su mandato es de 2 años y medio renovables (la mitad de una legislatura). La actual Presidente del Parlamento Europeo es la eurodiputada maltesa Roberta Metsola.

El Parlamento tiene tres funciones principales:

  1. Aprobar la legislación europea, conjuntamente con el Consejo en muchos ámbitos. El hecho de que el PE sea elegido directamente por los ciudadanos ayuda a garantizar la legitimidad democrática de la legislación europea.
  2. Ejercer el control democrático de todas las instituciones de la UE, y en especial de la Comisión. Tiene potestad para aprobar o rechazar el nombramiento de los Comisarios, y derecho a censurar a la Comisión en su conjunto.
  3. El poder del dinero. El Parlamento comparte con el Consejo la autoridad presupuestaria de la UE, y puede por tanto influir en el gasto de la UE. Al final del procedimiento presupuestario, el Parlamento adopta o rechaza el presupuesto en su totalidad.

Principio de Subsidiariedad

El principio de subsidiaridad se define en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Tiene por objeto garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la acción que vaya a emprenderse a escala comunitaria se justifica en su eficacia en relación con su ejecución a nivel nacional, regional o local. Concretamente, es un principio según el cual la Unión, excepto en sus ámbitos de competencia exclusiva, sólo interviene en la medida en que su acción sea más eficaz que una intervención a nivel nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado a los principios de proporcionalidad y de necesidad, en virtud de los cuales la acción de la Unión no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

El Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 aprobó una declaración relativa al principio de subsidiariedad, que establece sus normas de aplicación. El enfoque derivado de esa declaración aparece en el Tratado de Amsterdam en un Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este Protocolo introduce, entre otras cosas, el análisis sistemático del impacto de las propuestas legislativas sobre el principio de subsidiariedad, y la utilización, en la medida de lo posible, de las medidas comunitarias menos gravosas. 

Las Cortes de Castilla y León son las encargadas en la Comunidad Autónoma de velar porque las propuestas legislativas de la Unión Europea respeten el citado principio de subsidiariedad, trasladando sus informes al Congreso de los Diputados.

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