LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA APOYA EN BRUSELAS LA NUEVA NORMATIVA DEL VINO Y LA CREACIÓN DE SINERGIAS ENTRE DISTINTOS FONDOS EUROPEOS

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Para un territorio en el que este sector productivo factura 1.000 millones de euros al año, representa el 3,1 % del PIB regional y genera el 3,8 % del empleo –33.000 trabajadores, 19.000 con puesto directo–, la futura norma europea es necesaria y útil.

Una de las medidas que ha defendido es el turismo vitivinícola como fuente de desarrollo rural y la comercialización de productos innovadores –como los de baja graduación–, siempre que se garantice tanto la trazabilidad como la sostenibilidad.

También se ha defendido la futura armonización de las etiquetas de denominaciones de origen para simplificar el comercio entre los estados miembros, así como por la introducción de un código QR también armonizado, con el objetivo tanto de reducir costes como de mejorar la información a los consumidores.

Es necesario el refuerzo de las sinergias entre la Política Agraria Común y la Política de Cohesión para invertir en infraestructuras sostenibles –verdes y azules– así como de la posibilidad de utilizar remanentes presupuestarios del sector para actuar preventivamente ante las crisis.

Se ha insistido en que el sector del vino genera riqueza y empleo, fija población los pueblos y es, por tanto, elemental ante el reto demográfico y la despoblación a la que se enfrenta el medio rural de Castilla y León.