Medidas de la UE y la Junta de Castilla y León para el sector del vino

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La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) presentó el 5 de noviembre de 2025 su respaldo a una serie de medidas que tienen por objetivo responder a las dificultades que atraviesa el sector del vino, como proporcionar más tiempo y fondos a los viticultores para ajustar su producción en función de la evolución del mercado. El ‘paquete de vino’, que modifica tres leyes de la UE que definen las reglas actuales para el sector del vino, pretende abordar los desafíos que los productores de vino afrontan y abrirles nuevas oportunidades de mercado

Los eurodiputados quieren que los viticultores puedan plantar o replantar viñas de variedades de uva de vino autorizadas por los Estados miembros durante un año más desde que reciben la autorización en casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales como desastres naturales o brotes de enfermedades de las plantas. Además, para garantizar la igualdad de condiciones entre los viticultores en diferentes Estados miembros, los parlamentarios plantean incluir medidas de gestión de crisis destinadas a retirar el exceso de vino del mercado (arranque de viñas, destilación de emergencia y vendimia en verde) entre las intervenciones que pueden ser financiadas con fondos sectoriales de la UE.

Por su parte la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural cuenta con un conjunto de medidas dirigidas a reforzar la competitividad, la proyección internacional y la capacidad productiva del sector del vino de Castilla y León.  

Las actuaciones movilizan más de 42 millones de euros a través de diferentes líneas de apoyo, como la resolución de las ayudas para las inversiones en bodegas, la nueva convocatoria de promoción en terceros países o las medidas de apoyo para la contratación de seguros, certificaciones y desarrollo del comercio electrónico.  

Presenta una inversión en bodegas de más de 28 millones, dota de 9,2 millones a la promoción internacional y la tercera línea se refiere a las ayudas dirigidas a cubrir gastos en pólizas de seguros, consultorías para certificaciones de calidad y ecológicas y mejoras en comercio electrónico y redes sociales, dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028.  Esta ayuda cuenta con un presupuesto de 4 millones. Asimismo, se ha otorgado la concesión de una subvención directa de 3 millones para financiar durante los próximos tres años las actividades de los consejos reguladores de DOP, IGP y el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.