La Comisión presenta la Agenda del Consumidor 2030 que viene a reforzar la política de protección al consumidor de la Junta de Castilla y León.

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Los 450 millones de consumidores del mercado único, que aportan más del 51 % del PIB de la UE a través del gasto de los hogares, desempeñan un papel esencial en el motor de nuestra economía. Mejorar la confianza de los consumidores, garantizar la claridad jurídica, reforzar el control del cumplimiento y facilitar los procesos administrativos para las empresas son objetivos clave de las iniciativas de la Agenda, que están diseñadas para fomentar la protección de los consumidores y promover la competitividad, la equidad social y el crecimiento sostenible en toda la Unión Europea.

La aplicación de la Agenda se debatirá periódicamente en la Cumbre anual del Consumidor. La Comisión también convocará foros ministeriales periódicos sobre protección de los consumidores para proporcionar una orientación estratégica de alto nivel para la ejecución de la Agenda.

La política de protección al consumidor en Castilla y León está regulada en el estatuto del consumidor recogido en la Ley 2/2015, de 4 de marzo, la cual recoge los derechos y deberes de éstos y las obligaciones de los empresarios.

La junta promueve la educación y la información sobre el consumo, fomentando la participación de los consumidores en las cuestiones que afectan a sus intereses económicos y sociales.

El consumidor cuenta con un sistema de resolución de conflictos gratuito a través del arbitraje de consumo, así como con hojas de reclamaciones en todos los establecimientos. El turista está protegido con su propia regulación de la Ley de turismo de nuestra comunidad acogiéndose a sus propias hojas de reclamación y a la protección derivada de la inspección turística y la información que encuentra en datos abiertos para conocer los establecimientos legalmente registrados.