La Universidad de Burgos vigilará para la UE el estreno de la orden europea de investigación

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Si un juez español quiere seguir la pista de un sospechoso de homicidio,por ejemplo, hasta Francia debe solicitar una comisión rogatoria que se demora al menos un año. Sin embargo, si decide detenerlo solo tiene que dictar una orden de detención y en unos plazos muy breves de tiempo consigue tener al presunto delincuente declarando en su despacho. Esta misma rapidez es la que se busca conseguir con la orden europea de investigación, que todos los países de la UE deben adaptar a su legislación antes del 22 de mayo.

Y de velar por ese proceso y por su aplicación posterior se encargará un grupo de de trabajo que lidera la Universidad de Burgos. Al frente se encuentra Mar Jimeno, directora del Área de Derecho Procesal de la UBU, que destaca este proyecto europeo por ser el primero que consigue la UBU en Ciencias Jurídicas. Dotado con casi 400.000 euros, participan en él los investigadores burgaleses Julio Pérez y Félix Valbuena, y otros de las universidades Complutense de Madrid, Palermo en Italia, y Jagellonian en Cracovia (Polonia).

Además, cuenta con la colaboración directa de la Fiscalía General del Estado, a través de su responsable de Cooperación Penal Internacional, Rosa Ana Morán.También estuvieron presentes en la reunión de lanzamiento Miriam Manrique, de la OTRI, Maite Ferrando y Sandra Villaplana, de Kveloce, a quienes Jimeno agradeció especialmente su trabajo para conseguir el proyecto Eurocoord.

El grupo realizará un estudio para analizar la situación antes de la implantación de la orden y la adaptación que realizan los estados miembros, que se completará «con un trabajo de campo con cuestionarios y entrevistas a las personas que tienen que aplicar este instrumento, jueces, fiscales, policías, abogados...» en España, Polonia e Italia, explica Jimeno. Posteriormente, realizarán un código de buenas prácticas, «una especie de manual de sugerencias y recomendaciones a la hora de adaptar este instrumento», fundamental para investigar mafias y organizaciones criminales transfronterizas.

Entre los aspectos que más les preocupan están la protección de los derechos fundamentales de las personas que sean objeto de estas medidas, para lo que cuentan con la colaboración de una ONG italiana.

Si la Comisión Europea posibilita la extensión del trabajo más allá de los 2 años iniciales, se creará un observatorio para monitorizar el proceso de aplicación de la orden y del código.