Salarios mínimos justos: La Comisión abre la segunda fase de la consulta a los interlocutores sociales

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Durante la primera fase de la consulta, que estuvo abierta del 14 de enero al 25 de febrero de 2020, la Comisión recibió respuestas de veintitrés interlocutores sociales a escala de la UE. Sobre la base de las respuestas recibidas, la Comisión llegó a la conclusión de que es necesario que la UE adopte medidas adicionales. Si bien ya era una de las prioridades políticas de la Comisión Von der Leyen, los acontecimientos recientes han provocado que se reclamen aún mayores esfuerzos por parte de la UE para reducir las desigualdades salariales y la pobreza de las personas ocupadas, que están en aumento.

La UE se ha visto especialmente afectada por la pandemia por coronavirus, con efectos negativos para las economías de los Estados miembros, las empresas y los ingresos de los trabajadores y sus familias. Garantizar que todos los trabajadores de la UE puedan ganarse la vida dignamente es esencial para la recuperación, así como para el desarrollo de economías justas y resilientes. Los salarios mínimos tienen un importante papel que desempeñar y son pertinentes tanto en los países que se basan únicamente en los mínimos salariales de los convenios colectivos, como en los que tienen un salario mínimo legal.

Unos salarios mínimos que se negocien adecuadamente con los interlocutores sociales, se respeten y se actualicen pueden:

• Proporcionar a los trabajadores vulnerables un colchón financiero en caso de dificultades
• Crear mayores incentivos al trabajo, con el consiguiente aumento de la productividad
• Reducir las desigualdades salariales en la sociedad
• Aumentar la demanda interna y la resiliencia de la economía
• Contribuir a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres

Cuando se fijan en niveles adecuados y teniendo en cuenta las condiciones económicas, apoyan a los trabajadores vulnerables y ayudan a mantener tanto el empleo como la competitividad de las empresas.

La Comisión no pretende establecer un salario mínimo europeo uniforme ni armonizar los sistemas de fijación de salarios mínimos. Las posibles medidas se aplicarían de forma diferente en función de las tradiciones y los sistemas de fijación de los salarios mínimos del Estado miembro, dentro del pleno respeto de las competencias nacionales y de la libertad contractual de los interlocutores sociales.

El documento de la segunda fase de la consulta establece posibles vías para que la UE tome medidas que garanticen que los salarios mínimos se fijan en niveles adecuados y protegen a todos los trabajadores. La negociación colectiva tiene que desempeñar un papel clave, como subrayan las respuestas de los interlocutores sociales a la primera fase de la consulta. Por consiguiente, la iniciativa de la UE tendría por objeto garantizar que:

• Exista una negociación colectiva que funcione bien a efectos de la fijación de salarios
• Los marcos nacionales permitan establecer y actualizar periódicamente los salarios mínimos legales con arreglo a criterios claros y estables
• Los interlocutores sociales participen efectivamente en la fijación del salario mínimo legal para apoyar su adecuación
• Se eliminen o limiten las exenciones y las variaciones del salario mínimo
• Se cumplan efectivamente los marcos nacionales del salario mínimo y se establezcan mecanismos de control

Se invita a los interlocutores sociales a responder a las preguntas de la consulta antes del 4 de septiembre de 2020. Esto incluye qué tipo de instrumento sería el más adecuado. La Comisión está estudiando tanto instrumentos legislativos como no legislativos, es decir, una directiva en el ámbito de las condiciones de trabajo y una recomendación del Consejo.

A la luz de las actuales circunstancias relacionadas con la pandemia por coronavirus y con el fin de conceder a los interlocutores sociales tiempo suficiente para presentar sus respuestas, este período es más largo que en consultas anteriores.

El siguiente paso tras esta segunda fase de consulta es, bien una negociación entre los interlocutores sociales con vistas a la celebración de un acuerdo en virtud del artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), bien la presentación de una propuesta por parte de la Comisión Europea.

En sus orientaciones políticas, la presidenta Von der Leyen se comprometió a presentar un instrumento jurídico para garantizar que todos los trabajadores de la Unión estén protegidos por un salario mínimo justo, que permita una vida digna en su lugar de empleo.

Como parte de la Comunicación «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas», el 14 de enero de 2020, la Comisión puso en marcha la primera fase de la consulta a los interlocutores sociales sobre la manera de garantizar unos salarios mínimos justos para todos los trabajadores. La primera fase de la consulta finalizó el 25 de febrero, y la Comisión recibió veintitrés respuestas de interlocutores sociales europeos que representan a organizaciones sindicales y patronales a nivel de la UE.

Tras considerar las opiniones expresadas por los interlocutores sociales en la primera fase de la consulta, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesario que la UE tome medidas. Por consiguiente, la Comisión comienza ahora la segunda fase de la consulta a los interlocutores sociales, de conformidad con el artículo 154, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

No habrá un salario mínimo idéntico para todos. Las posibles propuestas reflejarán las tradiciones nacionales, ya se trate de convenios colectivos o de disposiciones legales. Algunos países ya disponen de sistemas excelentes. La Comisión desea garantizar que todos los sistemas sean adecuados, tengan una cobertura suficiente, incluyan una consulta exhaustiva a los interlocutores sociales y dispongan de un mecanismo adecuado de actualización.

Esta iniciativa respaldaría la aplicación del principio 6 del Pilar europeo de los derechos sociales sobre los salarios, que es una responsabilidad compartida de los Estados miembros, los interlocutores sociales y las instituciones de la UE. La Comisión inició un amplio debate sobre un futuro plan de acción para aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales, que se presentará a principios de 2021. La Comisión invita a todas las partes interesadas a presentar sus puntos de vista a más tardar en noviembre de 2020. Se ha creado un sitio web específico titulado «Opina sobre el fortalecimiento de la Europa social» para recabar opiniones.